No hay estómago que lo soporte. Comida mala y escasa, condiciones de higiene peores, agua que se corta, cloacas que revientan. Es medianoche y hace rato que pasó el horario de la lista. Todos a sus celdas para volver a escuchar el siempre escalofriante “¡tac!” al que nadie se acostumbra. Desde hace rato las cerraduras son magnéticas, y se activan todas a la vez, sonando con esa inevitable frialdad. Ese “tac” significa que se da inicio a las horas más indignas en la cárcel. La hora de convivir un tercio de la jornada en un ambiente de ocho metros cuadrados con tres desconocidos.

“Cuatro personas durmiendo en un baño”. Ya veremos a quién pertenece la expresión, pero la frase se materializa a pleno cuando alguno de los muchachos se ve obligado a bajar de la cucheta a cualquier hora de la noche, pisar sobre el colchón del pobre guaso que duerme en el piso, caminar a oscuras en una atmósfera irrespirable intentando esquivar ese cuerpo y llegar hasta el inodoro de acero instalado en la misma celda, para resolver el problema ante la presencia de sus compañeros de celda. No creemos necesario abundar en más detalles.

Ésa es la situación en la que diariamente conviven gran parte de los casi 15 mil presos que habitan las cárceles cordobesas. De los cuales 6 de cada 10 no tienen condena firme (como si eso cambiara la situación).

Naturalizar la crueldad

A finales de 2008 las cuatro principales estructuras del Complejo de Bouwer -los módulos MD1, MD2, MX1 y MX2- informaban oficialmente que albergaban una población de 2.092 presos  (SNEEP 2008). Esa población implicaba un desfasaje de 48% por encima de su capacidad autorizada de 1.412 plazas.

¿Suena a mucho? No tanto si se lo compara con la actual población carcelaria: en esos cuatro complejos, construidos para menos de 1.500 presos, hoy conviven 6.199, según lo revelan datos de junio de este año. De aquel 48% de exceso poblacional pasamos a este 339%. Y es probable incluso que esas cifras hayan empeorado en los últimos meses.

Pero para los jueces y camaristas federales de Córdoba esta situación no es una anomalía ni implica un trato cruel, inhumano y degradante. Al menos no para Alejandro Sánchez Freytes, Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro. Para estos magistrados el hecho de que cuatro personas a disposición de la Justicia –la que ellos conforman- vivan en un lugar pensado para una sola no requiere su intervención. Pese a que leyeron las quejas, visitaron a los presos, los vieron, los escucharon y constataron su realidad degradante. Nada.

El eje de este informe periodístico tiene que ver con un pedido de acción de hábeas corpus correctivo presentado el primer día de marzo de este año por el defensor público oficial Jorge Perano en representación de seis de sus defendidos, todos a disposición de la Justicia Federal, a cargo de diferentes juzgados.

Su planteo ante el juzgado federal N°2 de Alejandro Sánchez Freytes describe la situación de sus defendidos, que duermen de a cuatro en la misma celda en condiciones de hacinamiento. “Que cada celda tiene 2,5 por 3,5 metros” albergando en su interior “una cama cucheta, una mesa, un inodoro y un lavatorio. Que por las dimensiones de la celda no es posible colocar otra cucheta”, por lo cual cada noche dos internos se encuentran obligados a dormir en el suelo. “Algunos relataron que dormían debajo de la cama y otros debajo una mesa como forma de dejar un pasillo para que quienes duermen en la cama pudieran acceder al inodoro durante la noche”, advierte la presentación. “Literalmente, son cuatro personas conviviendo en un baño”, concluye. Llegamos al autor de la frase.

También plantea la situación crítica de la provisión de agua, una queja muy frecuente en Bouwer, que se acrecienta en los meses de calor, cuando la demanda se incrementa en sintonía con los cortes.

En primera instancia, el juez federal rechazó el planteo casi in limine. La insistencia del defensor ante la Cámara Federal al menos logró que bajara la orden para que el juez se abocara a la causa. No le quedó otra que aceptar una visita oficial al complejo, acompañado por el secretario de la Fiscalía y el propio accionante.

Esa visita se concretó el 15 de mayo y fue esclarecedora. Eso parecía desprenderse del panorama con el que se encontraron al recorrer las condiciones de vida de estos seis internos. Cuatro durmiendo en un lugar pensado, diseñado y construido para uno. ¿No más preguntas, señor juez? Olía a resultado cantado, pero Sánchez Freytes se las arregló para volver a patearla afuera recurriendo a un razonamiento que alterna entre lo ingenuo y lo canalla.

Para el juez Sánchez Freytes si bien los internos duermen hacinados, “esa situación es solo en horarios nocturnos, ya que desde las 7 am hasta la medianoche se les permite estar fuera del habitáculo de sus celdas”. En su curioso razonamiento no tuvo en cuenta que si las celdas diseñadas para una persona son ocupadas por cuatro, los espacios comunes pensados para 25 internos son ocupados por 100. Lo mismo pasa con los teléfonos, el agua corriente, las heladeras, los salones de visitas y hasta con la dotación de personal. Ni que hablar del servicio médico, traslados, requisas y un tormentoso etcétera.

El juez admite con dudoso candor que si bien es cierto que no deberían dormir cuatro presos en una celda (atención aquí), se trataría de una cuestión transitoria ya que “el Gobierno de la provincia ha dispuesto la construcción de un nuevo módulo de alojamiento con capacidad para 1.500 internos” en el predio de Bouwer.

Efectivamente, como publicó El Sur en su edición de agosto, se trata de una obra de 32 mil m², muy necesaria, pero que presenta dos problemas: su capacidad no será de 1.500 internos -como escribe el juez- sino de 893, como informó el Gobierno y se detalla en la licitación; y la obra recién estará lista a mediados de 2026 en el mejor de los casos, con lo cual quedan todavía muchas noches escatológicas de presos durmiendo en un baño.

De estos dos puntos se desprende un tercero: con la actual tendencia de ingresos a las cárceles, cuando finalmente se logre cortar las cintas y se añadan esas 893 nuevas plazas, la población penal habrá crecido en unos 3.500 internos. Progresión matemática o sentido común, el juez federal número dos no aplicó ninguna de las dos en su cínica resolución.

La Cámara del terror

Aún peor fue la argumentación en la siguiente instancia judicial, cuando a la negativa del juez de aceptar el hábeas corpus correctivo -pese a haber estado, visto, averiguado y constatado el hacinamiento de los presos-, fue avalada por unanimidad por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Hasta allí había ido en apelación el impulsor de la causa, Jorge Perano, para recibir una respuesta similar, aunque coronada por un pasaje insólito firmado por el autor del voto Eduardo Ávalos, al que adhirieron sus colegas Montesi y Navarro. Al notar que en las entrevistas los presos no se quejaban enfáticamente de su situación, el camarista razonó: “De sus dichos se advierte que, si bien la situación fáctica en las celdas es real, y tal como señala el señor Defensor, duermen de a cuatro internos por celda, los involucrados no manifiestan sentirse afectados ni incursos en un trato inhumano y degradante”. La negrita no pertenece al autor de esta nota sino a la redacción del camarista.

Si en lugar de ello el magistrado hubiera escrito que "si bien es cierto que los internos realmente viven como animales, no hay ningún problema porque ellos no se dan cuenta de que están viviendo como animales", el pasaje no hubiera ido a los anales de jurisprudencia, pero el significado hubiera sido exactamente el mismo. El autor de la frase no hizo otra cosa que expresar lo que piensan la mayoría de los jueces y camaristas cordobeses.

¿Caso cerrado? Eso pretendió la Cámara Federal cuando le negó el recurso de queja al accionante. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó abrir la puerta y recibió la causa (pese a la solitaria disidencia del vocal Diego Barroetaveña, quien no logró convencer s sus pares Gustavo Hornos y Javier Carbajo). Así fue que el 16 de noviembre se hizo una audiencia oral donde los magistrados escucharon los planteos el Defensor Oficial. Un mes antes, Perano había vuelto a realizar su rutinaria visita a las cárceles para ratificar situaciones iguales o peores. “Las quejas no son ni por severidad ni por maltrato del SPC, sino por la situación de hacinamiento”, le dijo a este medio. “Los jueces y los fiscales siguen mandando cada vez más gente a un lugar que ya no tiene espacio físico. Y cuando se habilite el nuevo módulo ya va a nacer saturado”, graficó.

Hace unos días, la Cámara le dio la razón a Perano y concedió el hábeas corpus correctivo. Otro papelón para la Justicia Federal de Córdoba que, en lugar de intimar al Gobierno provincial a que corrija las inhumanas condiciones de hacinamiento en Bouwer, avalaría la iniciativa oficial de demandar a la Nación que reubique a los presos “federales” que tiene alojados en las cárceles mediterráneas.

Bouwer: Capacidad original, población y hacinamiento