La versión económica del patriarcado tiene una ventaja al momento de visibilizarse y es la contundencia de los números. A diferencia de otros aspectos denostados por la coalición de derecha internacional en su pelea contra la “ideología woke”, los datos económicos exponen la crudeza de la discriminación que sufren las mujeres en el mundo, el país y Córdoba.

Ante la arremetida de la ola conservadora, la agenda feminista logró mantener algunos tópicos presentes en el debate mediático. Pero hay uno del que se habla poco: la desigualdad laboral -y por ende económica- que sufre más de la mitad de la población.

El informe de La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del tercer trimestre del 2024 determinó que en Córdoba las mujeres ganan salarios un 28,3% más bajos que los hombres. Al desglosar el número surgen varios elementos que explicitan el drama que viven las mujeres en el mercado laboral mediterráneo.  

La estadística de Córdoba está levemente por encima del promedio nacional, donde la brecha salarial entre géneros ronda el 27%. Pero con un agregado: el estudio del INDEC se rige por un mundo binario en donde solamente existirían hombres y mujeres, dejando de lado que la situación de quienes integran la comunidad LGBTQY+ es todavía mucho peor por efecto de la discriminación.

El informe demuestra que también en materia de desocupación la realidad golpea más a las mujeres, tendencia que se profundizó con el Gobierno de las ideas austríacas. En un año de gestión de los hermanos Milei en Córdoba el desempleo aumentó un 0,7% entre los varones y un 1,2% entre las mujeres.

El fenómeno tiene dos explicaciones que van de la mano. En momentos de crisis y crecimiento del desempleo a las mujeres les cuesta más conseguir trabajos de calidad porque el “ejército de desocupados” que se genera determina una precarización de la oferta. El otro punto es la retirada del Estado como organismo regulador, lo que provoca mayores desigualdades. 

Golpe al futuro

Los problemas económicos para las mujeres cordobesas se agudizaron el último 23 de marzo, cuando el Gobierno nacional decretó la finalización de la moratoria previsional. Ese sistema no “regalaba” el aporte previsional -como se instaló durante años en el imaginario colectivo-, sino que descontaba del pago a las jubiladas el proporcional del aporte faltante. 

Con el fin de la moratoria, los adoradores del mercado dejan sin posibilidad de acceder a una jubilación mínima a 9 de cada 10 mujeres. En la mayoría de los casos el impedimento para acceder a la jubilación es que las mujeres tuvieron empleos precarizados sin aportes patronales, lo que les impide completar los 30 años de descuentos patronales que exige la nueva normativa.

Los especialistas en derecho previsional alertan sobre la magnitud del problema en ciernes: solamente el último año siete de cada diez procesos jubilatorios se concretaron gracias al sistema de moratoria. ¿Qué pasará ahora?

La secretaria general de CTA Córdoba, Leticia Medina, no tiene dudas: “Hoy por hoy nueve de cada diez mujeres no están en condiciones de jubilarse a pesar de tener los años para hacerlo, porque las brechas de género estructurales del mercado de trabajo hacen imposible que el 90% de las mujeres tengan los aportes patronales necesarios para una jubilación mínima”.

“La moratoria era la oportunidad que tenían de acceder a una jubilación para no quedar en la calle, eso se discontinuó y en ese punto se ve lo trágico de un Estado que deserta de sus responsabilidades”, agrega.

El caso más paradigmático es el de las trabajadoras de casas particulares. La ley nacional que las regula es del año 2013, con lo cual no tienen ninguna posibilidad matemática de que sus derechos laborales hayan incluido 30 años de aportes. Con un agravante: el nivel de evasión y precarización en ese rubro supera el 80% de los empleos.

El eufemismo de nombrarlas como “la chica que trabaja en casa” suele hacerse extensivo a la no regularización de sus condiciones laborales, lo que las condena a no tener jubilación. Precarizadas durante su vida laboral activa, serán las futuras indigentes de la tercera edad. Y no son pocas. Un informe de la CTA Córdoba muestra que el trabajo remunerado en casas particulares es la segunda fuente de empleo entre las mujeres de la Provincia.

El mismo estudio de la CTA indica que el 33% de las mujeres que trabajan en Córdoba son cuentapropistas. En otras palabras, la figura de una asalariada que cuenta con aportes patronales, obra social y ART es una quimera para una de cada tres mujeres mediterráneas, que dependen de su propio emprendimiento. Y, se sabe, en tiempos de crisis y ajuste lo primero que se recorta es el pago del monotributo. Es decir, de los aportes jubilatorios.

María Celeste Gómez, economista e investigadora del Centro de Estudios de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet, advierte que la segregación económica hacia las mujeres también potencia situaciones de violencia: “La violencia económica está invisibilizada y es concurrente con otras formas de violencia. Es un factor que se retroalimenta con otros, con una posición desventajosa siempre. Lo más evidente es la brecha económica, y lo no tan evidente es la imposibilidad de independizarse”.

A los “viejos meados” y reprimidos por la administración de los hermanos Milei, los miles de trabajadores estatales cesanteados y los obreros que se quedaron sin trabajo por la recesión se debe sumar a miles de mujeres que están cada día más precarizadas por un Gobierno patriarcal que profundiza la brecha laboral entre géneros.

La casta también eran las mujeres.