De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi se presentan en su web como un estudio jurídico especializado en Derecho Tributario, Derecho Penal Económico, Derecho Aduanero, Compliance, Prevención de Lavado de Activos & Anticorrupción, con más de 20 años de experiencia en litigios y asesoramiento en el rubro. La firma de abogados litiga en tribunales federales y sus juicios terminan indefectiblemente en la Cámara Federal, donde Sánchez Torres hace y deshace a su antojo.

Fuentes de la Torre de Parque Sarmiento hicieron llegar a esta revista un estudio donde se exponen presuntas irregularidades en los ajustes elevados por regulaciones declarativas (ajuste por inflación) en la causa Bodegas Esmeralda S.A. c/ AFIP, donde Germán Gianotti interviene como abogado de la empresa demandante. Apuntan que, en base a una comparación histórica de las regulaciones, desde que Sánchez Torres accedió a la presidencia en la Cámara en 2017, el estudio jurídico habría percibido montos diez veces superiores a los de otros litigantes en causas similares.

“Cualquier abogado de a pie que presenta una acción declarativa o un amparo suele recibir entre 20 y 30 UMA como pago, tal como marca el mínimo del artículo 48 de la ley”, denuncian en tribunales.  La UMA es una Unidad de Medida Arancelaria para regular honorarios de profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, y equivale al 3% de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. Actualmente el monto está regulado en 92.482,00 pesos.  “Para el Dr. Gianotti, las reglas parecen ser otras: mientras al común de los profesionales se les aplican los mínimos legales, a él se le otorgan 2.500 UMA en un expediente (26202/2019) y 400 o 500 UMA en otros casos similares (57191/2018 y 5688/2020)”, agregan.

En diciembre pasado esta revista contó que el abogado Gianotti fue denunciado en el Consejo de la Magistratura (CM) en el marco del concurso 474, donde se conforma la terna para evaluar candidatos a magistrados para la Cámara Federal de Córdoba, que tiene dos vacantes.  En la denuncia, realizada por el secretario Penal del Juzgado Federal N°3, Patricio Lutteral, se impugnó a Gianotti porque al momento de someterse a la entrevista de antecedentes ante el CM no informó que estaba imputado en “un proceso penal en el que se investigan hechos de contrabando y falta de ingreso de divisas al país”. Tampoco lo advirtió Sánchez Torres, “asesor ad honorem” del consejero de la magistratura Alberto Lugones, uno de los jueces que intervenía en el concurso. Otra vez el contrabando presente.

La cercanía de Sánchez Torres y Gianotti es por todos conocida en tribunales. “Amén de las causas en las que ambos participan, tienen actividades compartidas como la reciente conferencia realizada en la Universidad Siglo 21 ´Ley 27.260: régimen de sinceramiento fiscal´. En esa Casa de Estudios privada, el presidente de la Cámara Federal dirige el Programa de Especialización en Derecho Penal Tributario y Económico”, publicó Revista El Sur.

Gianotti sigue en carrera para acceder a la Cámara Federal de Córdoba y ya logró ubicarse en el tercer puesto en el orden de mérito. Mientras, estaría recibiendo suculentos honorarios regulados por su juez amigo y ¿futuro colega?