Enero de 2020. Hace apenas un mes que terminó el gobierno de Mauricio Macri, una verdadera pesadilla económica para millones de argentinos, y nadie en su sano juicio puede imaginar que en apenas unos meses llegará una pandemia que pondrá todo pata para arriba. La debacle electoral del macrismo, el triunfo del Frente de Todos y el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández invitan a la ilusión. Se anuncia la vuelta a un modelo económico virtuoso que reviva el mercado interno para iniciar la reactivación productiva del país. “Encender la economía”, repite con insistencia el flamante jefe de Estado.
De la mano de esa ilusión, de esa esperanza, muchos profesionales, comerciantes, trabajadores de clase media se plantean la posibilidad de cambiar el auto. ¿La fórmula? La más acorde -sino la única- para una familia que vive de ingresos fijos: entregar el auto usado en parte de pago y financiar el resto en cuotas. La cultura del ahorro, que le dicen. Virtuosa, mueve la economía y permite capitalizarse ajustando algunos números para enfrentar una cuota razonable.
Tomada la decisión, el próximo paso es una recorrida por las páginas de internet para comparar precios y modelos y la visita a una concesionaria, donde por lo general será atendido por algune simpátique vendedore, que apelará a todos sus encantos para convencerlo que efectivamente está ante una gran oportunidad -sino la única- de renovar su automóvil y capitalizarse. Aunque ya lo convenció, igual le vendedore lo invita igual a subir a la flamante unidad cero kilómetros, para que compruebe in situ el confort que tendrá si entrega su usado y se ajusta un poco todos los meses durante algunos años.
Usted vuelve a su casa, pletórico de entusiasmo, con la propuesta que considera más ventajosa bajo el brazo: un plan de 84 cuotas (75% - 25%) para financiar un vehículo familiar que cuesta la friolera de un millón cuarenta mil pesos, pero que con este sistema que le proponen está al alcance de la mano. El siguiente paso es tasar su auto usado. Los técnicos son empleados de la concesionaria, por lo que la tasación será siempre a la baja. El resultado, insuficiente en relación al valor de su auto en el mercado, igual supera holgadamente los $ 280.000 que necesita para cubrir el 25% de entrega estipulado en el plan. La cuota “pura”, explica le vendedore, será de $ 9.500. Se agregan algunos gastos administrativos y queda finalmente en $ 11.590. “Finales variables”, anota con prolija caligrafía al costado de la hoja con la propuesta. Y “por única vez” -agrega- en las cuotas 8 y 9 el monto subirá a $13.000, porque se prorratea el pago del impuesto a los sellos.
La propuesta es razonable: la cuota ronda el 27 por ciento del sueldo de un profesor universitario full time con más de diez años de antigüedad. Pero a la hora de firmar los papeles empiezan las sorpresas, los imponderables, los extras, los “derechos” (sic), que terminan conformando los eslabones invisibles -nunca mencionados- de la cadena de la infelicidad. Todo lo anotado de puño y letra por le vendedore pronto se convierte en un burdo engaño: la célebre “letra chica” es una caja de pandora.
Sorpresa y media
Terminada su faena, le vendedore se las toma y el trámite queda en manos de otros empleades administratives. La primera sorpresa es que para ingresar al plan hay que desembolsar $ 1.500 por “gestoría de planes”; la segunda, que hay un desembolso inicial de $ 36.000 en concepto de “cuota ingreso plan 84 cuotas 75/25”. Son $ 37.500, más de tres cuotas “finales y variables” que nunca fueron mencionadas por le vendedore.
La segunda sorpresa es que tampoco se cumple la “entrega pactada”. Hay que licitar y, si se pierde, volver a licitar. Y así una y otra vez hasta que la oferta resulta ganadora, para lo cual cada vez hay que ofrecer más dinero. Con un agravante: el valor del auto a adquirir se actualiza mes a mes, no así la tasación del usado que entregará como parte de pago. Se aplica un curioso congelamiento parcial de su auto, con lo cual el monto de la tasación inicial, que en su momento le sobraba para cubrir el 25 por ciento del plan, ahora apenas le alcanza. En agosto, por fin, gana la licitación y le adjudican una de las unidades cero kilómetros disponibles. Han pasado siete meses desde la firma del contrato y la cuota aumentó casi 2.300 pesos (pasó de $ 11.953 a $ 14.243). Aunque no responde a la inflación del mismo período, el incremento es manejable.
Entonces llega la tercera sorpresa: para retirar el auto hay que juntar otros cien mil pesos. Si no tiene a quién pedírselos prestados, tendrá que tomar un crédito. Sumará así otra cuota a la del “plan de ahorro”, que no para de aumentar. Cuando finalmente retire su auto nuevo, tendrá que sumar otros cien mil pesos, que serán prorrateados en las próximas cuotas para cubrir los siguientes ítems (nunca mencionados por le vendedore): “ajuste importe licitación” (un extraño mecanismo financiero que actualiza las cuotas “puras” entre el momento de la licitación y la entrega del auto), impuestos varios, “derecho de adjudicación” y “gastos de entrega”.
Cuando por fin le entregan el auto, su valor es de $ 1.261.500, es decir, $ 221.000 más de lo que costaba al momento de adherir al plan de ahorro. Si suma los doscientos mil que tuvo que pagar para retirarlo -entre efectivo y cuotas-, el incremento ronda el medio millón de pesos. ¡Un tercio más del valor acordado en enero!
Habrá una cuarta sorpresa: el valor final del vehículo aumentó un 17 por ciento, pero las cuotas se disparan sin control desde el momento en que pone primera y se lleva el auto nuevo: $ 27.182 en septiembre (casi el doble de la de agosto, de $14.242); $ 32.933 en diciembre. El 2021 continúa, implacable, con la inercia alcista: $33.083 en marzo; $ 35.112 en abril; $ 49.188 en mayo.
La cuota de mayo de 2021 -la décimo cuarta de un plan de ochenta y cuatro- ya insume el 80 por ciento del sueldo de profesor universitario full time (contra el 27 por ciento que representaba al momento de suscribirse al plan). En el país hubo paritaria docente y no rige el congelamiento de sueldos: hay una desproporción absoluta entre lo pactado y lo ejecutado por los responsables de un “plan de ahorro” que deviene plan de usura: en menos de un año y medio, la cuota pactada ($11.500) se cuadruplica ($ 49.188).
Habrá todavía más sorpresas, todas desagradables. Por alguna extraña razón, en su “plan de ahorro” falla (sic) en dos oportunidades el débito automático acordado en la cuenta sueldos, donde la Universidad deposita religiosamente sus haberes. Quedan impagas las cuotas de enero y marzo. Para ponerse al día en abril, hay que sumar otros seis mil pesos en concepto de “actualización” (sic), un ítem que bien podría ser homologado al de usura.
Estado ausente
La situación que se expone en esta nota no es la excepción sino la regla de un sistema de financiamiento claramente usurario. ¿Qué hace el Estado ante semejante estafa? Poco y nada. El ombudsman de Río Cuarto, Ismael Rins, admite que, al carecer de facultades para accionar judicialmente contra las empresas, ni éstas ni las concesionarias se dignan contestar las numerosas cartas documento que envía desde la Defensoría del Pueblo en representación de los damnificados. Si quieren una solución, deben acudir a la Justicia, les aconseja con una dosis equivalente de impotencia y sinceridad.
Desde la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debería regular y controlar la actividad, lo único que se hizo desde la asunción del nuevo gobierno es prorrogar una resolución que obliga a diferir el incremento de las cuotas durante 12 meses para mitigar el impacto económico de la pandemia. La diferencia será pagada por los suscriptores en cuotas adicionales al terminar su plan de ahorro. Pese a ser apenas un paliativo que no cuestiona la estafa, la usura y el engaño de los mal llamados “planes de ahorro”, a un mes de su publicación en el Boletín Oficial ni las concesionarias ni las automotrices informan de esa posibilidad a sus clientes. Lisa y llanamente la desconocen.
Hasta ahora el único freno al perverso sistema implementado en todo el país lo ha puesto la Justicia. Las dos salas de la Cámara Federal de Córdoba avalaron sendas acciones de amparo concedidas a jubilados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa (ver https://revistaelsur.com.ar/nota/528/Estafa-sobre-ruedas). Ambas cautelares suspenden los aumentos y retrotraen las cuotas a valores razonables.
En la causa “Gallardo, Juan José c/Plan Ovalo”, los camaristas de la “sala A” Eduardo Avalos, Ignacio Vélez y Graciela Montesi advierten que la cuota a pagar por Gallardo al momento de iniciar la demanda le comía la mitad de la jubilación. “Desconocer ello puede provocar la afectación de otros derechos de rango constitucional que deben ser considerados a la hora de evaluar la razonabilidad de un contrato y que serán analizados al momento de resolver la cuestión de fondo”, advierten los camaristas. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, las cuotas que le cobran a Gallardo no pueden superar el 30 por ciento de su jubilación.
Los camaristas de la “sala B” de la misma Cámara -Abel Sánchez, Roberto Rueda y Liliana Navarro- ordenaron en la causa “Villalba Del Boca, Jorge c/F.S.A. de ahorros” que las cuotas que le cobran a Villalba no superen el 25 por ciento de su jubilación. Destacan que, en apenas un año desde la suscripción del plan, la cuota pactada pasó de llevarse el 14 al 40 por ciento de su haber jubilatorio, “lo que evidenciaría en principio un aumento desproporcionado de las cuotas (320%) en relación al incremento del 171% que sufrió el valor del móvil para ese período interanual (de noviembre de 2017 a noviembre de 2018)”. Y advierten que ni siquiera se respetaron los valores establecidos por la propia Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA): la Fiat Toro que compró Villalba costaba $985.000, pero la cuota proporcional que le cobraban equivalía a $1.109.100. Es decir que la cuota se calculaba en función de un sobreprecio de $124.100. La diferencia a favor del suscriptor sería aún mayor si las automotrices ajustaran sus cuotas al valor real de mercado y no al de lista, que confeccionan ellas mismas y que nadie paga al momento de comprar un auto nuevo.
A los fallos de segunda instancia de la Justicia Federal de Córdoba se sumó esta semana una sentencia del juzgado en lo Civil y Comercial 17 de La Plata, que ordena a dos administradoras de planes de ahorro (FCA de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina) reducir a la mitad el importe de las cuotas que estaban cobrando a los suscriptores de la provincia de Buenos Aires.
La resolución judicial responde a una presentación realizada por el ombudsman de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien considera fraudulento el sistema implementado por los “planes de ahorro”. “Hay un daño masivo que radica en el diseño por parte de las empresas de una ingeniería jurídica que consiste en generar una estrategia fraudulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente diferentes, pero que en realidad pertenecen al mismo grupo empresario”, advierte Lorenzino en su presentación, según consigna el portal iprofesional.com.
Ajenas al calvario generado a sus propios clientes y a los fallos adversos de la Justicia, las automotrices y sus brazos jurídicos de fantasía -las administradoras de los “planes de ahorro”- siguen adelante con la gran estafa, que incluso reafirman en sus costosas campañas publicitarias: “Con la llegada del invierno congelamos tus cuotas”. ¿Tomadura de pelo, humor negro o certeza de impunidad? Sea como fuere, lo cierto es que los miles de damnificados por este sistema perverso esperan alguna respuesta de un Estado que hasta ahora se ha mostrado incapaz de ponerle el cascabel a las automotrices.
Carmen Tarres Comunicaciones