Llegó a su fin la picardía que había pergeñado el juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Demasiada rosca, demasiada impunidad, demasiado descaro.

Su intención de presionar mediante un amparo al Ejecutivo con la posibilidad de dejar a las arcas nacionales sin la principal fuente de ingreso de divisas a una economía hiper-frágil, terminó dándose simplemente contra la racionalidad.

Hoy el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 resolvió hacer lugar a la inhibitoria planteada por los abogados de la AFIP, y con ello intimó a Bustos Fierro para que remita la causa a ese juzgado.

Game over para el juez que había causado un cimbronazo con su resolución del 22 de abril último, cuando le dio curso inicial al planteo hecho por la Sociedad Rural Argentina y su par de Jesús María, que pretendían que se declarara la inconstitucionalidad del cobro de las retenciones de forma retroactiva al primero de enero. Ello fundado en el hecho de que el Ejecutivo Nacional no había logrado hacer aprobar la Ley de Presupuesto 2022, y con ello dejaba de estar facultado para cobrar los derechos de exportación.

Básicamente ése fue el "gentil" planteo de la SRA, concedido de manera aún más gentil por Bustos Fierro, quien no sólo autorizó la acción de clase pedida por los ex piqueteros rurales, sino que la hizo extensiva a todo el universo de productores agropecuarios de la geografía nacional.

Todos, todos, todos...

Incluido el propio hijo del firmante de la sentencia, el joven Manuel Bustos Fierro (con quien el juez comparte domicilio en el country Fortín del Pozo), de profesión productor agropecuario, con más de 800 hectáreas entre soja y maíz sembradas en Río Primero, provincia de Córdoba. Un detalle que el juez omitió considerar al abocarse a la causa.

La jugada venía bien hasta que EL SUR cotejó la documentación fiscal y tributaria de Bustos Fierro hijo, tomando la información de bases de datos de acceso libre, y publicó que efectivamente Bustos padre había favorecido plenamente a Bustos hijo. El informe se puede ver en este enlace: https://revistaelsur.com.ar/nota/647/Bustos-Fierro-SA

El informe fue nota de tapa en nuestra última edición impresa y la noticia fue luego replicada por medios de alcance nacional (https://www.elcohetealaluna.com/la-pelusa/)

No podríamos atribuir una relación de causalidad, sino más bien de correlación. Lo cierto es que a sólo 48 horas de que trascendiera a nivel nacional semejante irregularidad del juez, la Cámara Contencioso Administrativa Federal decidió mover el expediente y sacar de juego a Bustos Fierro. En la resolución, firmada por el juez Enrique Alonso Regueira, se plantea que lo que está en cuestionamiento son "actos emanados de autoridades públicas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no se circunscriben a una jurisdicción específica, sino que éstos se producen respecto de la totalidad del territorio nacional".

El decisorio cita un fallo de la Corte Suprema, al sostener que “lo atinente a la revisión en sede contenciosa de actos administrativos adoptados por autoridades nacionales, debe tramitar ante los tribunales del lugar de la autoridad de la que emanan”. O sea, Buenos Aires, para desgracia de nuestro agro-juez.

UNA (REMOTA) CHANCE MÁS

De cualquier modo, la jugada de Bustos Fierro y la SRA no estaría completamente sepultada, ya que ambos (tanto el juez como los accionantes) tienen derecho a dirimir la cuestión de competencia ante la Cámara Federal de Córdoba.

Así lo prevé la propia resolución del Juzgado Contencioso Administrativo, cuando le solicita a Bustos Fierro la remisión del expediente, pero también aclara que "en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda de competencia".

De hecho, actualmente la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Secretaría Civil II, es la que está resolviendo las apelaciones que las tres abogadas de la AFIP (Elena Gaviola, Pía Lucini y Valeria Domínguez) han venido presentando ante las sucesivas negativas de Bustos Fierro. El último movimiento de ese expediente fue el 11 de mayo, con la firma de la presidenta de la sala, la jueza Liliana Navarro.

¿Qué resolverán en la Torre de Tribunales Federales de Córdoba?

Muy pronto lo sabremos.